El Servicio Civil y la OCDE: marchas y contramarchas

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un proyecto de Ley que busca cambiar el régimen laboral de 9 mil trabajadores de EsSALUD, desde el régimen CAS al régimen del Decreto Legislativo 728. Es decir, trabajadores de un régimen transitorio a un régimen permanente, con más derechos.

Todo pareciera indicar que se hizo un acto de justicia.

Sin embargo, surgen algunas preguntas:

  • El ingreso de todos estos trabajadores ¿Obedeció a un proceso de selección con un concurso transparente donde se eligió  a los mejores?
  • Los trabajadores de EsSalud ¿No son acaso servidores públicos?
  • No existe una Ley del Servicio Civil – Ley 30057 con similares derecho que le régimen 728, que ha sido aprobada como el “régimen único” o régimen “final” al que al que deberían aspirar los servidores públicos?
  • La reforma del servicio civil ¿No es una política de Estado cuya implementación ha sido expresamente recomendada por la OCDE para mejorar la gobernanza pública?

Uno de los grandes escollos para que seamos un estado eficiente es el déficit de personal idóneo en las instituciones públicas. El Estado necesita de servidores públicos probos, con vocación de servicio y capacitados para enfrentar sus grandes retos, que conduzcan proyectos de inversión, que negocien contrataciones; que atiendan bien en una ventanilla; que presten servicios de salud o educación o cualquier otro servicio con profesionalismo.

Existen muchos servidores públicos valiosos, pero no en la cantidad suficiente para cubrir las necesidades que demanda una administración pública dinámica, en un contexto global. No se salva ningún nivel de gobierno. Este déficit es a nivel nacional, regional y local. 

Un punto clave en la reforma es, justamente, cambiar la cultura institucional en el Estado que tiende a desconocer el mérito en la selección. Los funcionarios y políticos deben entender que el auténtico mérito en la selección de sus colaboradores es la mejor herramienta para que las instituciones públicas mejoren. Si no garantizamos que la transición de un régimen transitorio a otro más estable garantice que los que se  quedan en el puesto son los mejores, ¿como podemos pretender un cambio positivo en el Estado?

Si tenemos una política de estado construida y apoyada en tres sucesivos gobiernos y formalizada por una ley aprobada en el Congreso, ¿resulta coherente  evadir su aplicación y plantear salidas alternativas?

Algunos argumentarán que esa ley no ha funcionado, pues no hay una sola persona contratada bajo el nuevo régimen. Eso es cierto, pero el problema no parece ser por inconsistencia o inconveniencia  del régimen, sino por falta de una verdadera decisión, política y presupuestal, para implementarla.

Si somos conscientes de que tenemos toda una vida de desorden en lo que a gestionar los recursos humanos del Estado se refiere, debemos entender que una reforma de esa envergadura necesita que las entidades se preparen, de manera paulatina pero sostenida, para transitar del viejo sistema al nuevo régimen. Esto es así porque se requiere de varios cambios culturales.  

La OCDE, a la que aspiramos a acceder por propia declaración tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, ha sido contundente en la necesidad de impulsar esta reforma  mediante el apoyo a su implementación a nivel nacional con el presupuesto y decisión política requeridos.

Quizá sea ilustrativo rescatar las recomendaciones clave que el informe de Gobernanza Pública de la OCDE planteó para la profesionalización del servicio civil peruano:

    1. Un Servicio civil flexible, entendiendo esta flexibilidad como una capacidad de adaptación a las distintas realidades que tiene el Perú en sus tres niveles de gobierno. No debe entenderse como que cada funcionario o político esté facultado a contratar personal indiscriminadamente, inflando la planilla estatal.
    2. Centralizar el reclutamiento, que la selección y el desarrollo de los altos directivos, quede a cargo de SERVIR, al menos mientras las Oficinas de Recursos Humanos de cada entidad pública, logra entrenarse para hacer una selección meritocrática y sabiendo como evaluar habilidades directivas.
    3. Contar con un servicio civil orientado a resultados.
    4. Implementar una cultura de evaluación del desempeño para una gestión por resultados.

El mensaje es claro.

El Estado peruano necesita dejar de “parchar” el traje viejo del empleo público y apostar, de una buena vez, por usar la nueva prenda que él mismo diseñó.

2 Responses to “El Servicio Civil y la OCDE: marchas y contramarchas”

  1. Carlos Ormeño

    Estamos frente a un Proyecto de Ley que afecta el proceso de tránsito a la nueva Ley del Servicio Civil, que apuesta por un régimen único para la administración pública y cuyo principio básico es la meritocracia, es decir, todo ingreso a la administración debe ser a través de un concurso público.
    No encuentro otro motivo para aprobarlo, que la mezquindad e irresponsabilidad política, aunada a grupos de interés, que apuestan por traerse a bajo tan importante reforma que se viene realizando el Estado Peruano.
    Esta decisión, no sólo afectará seriamente el proceso de tránsito, sino que, generará un escenario de crisis y zozobra institucional en la administración pública, pues otros sectores con justo derecho alzarán su voz de protesta, o iniciaran acciones judiciales invocando el derecho fundamental a la igualdad consagrado en nuestra Constitución.
    Debo llamar la atención si al actual gobierno, quien no le ha puesto el interés del caso y ha permitido que el proceso de tránsito a la Ley SERVIR, caiga en un estancamiento peligroso, motivando medidas que afectan el proceso de reforma, como el mencionado Proyecto de Ley.
    Esperemos su pronta y adecuada reacción, sobre todo si ayer la Comisión Presidencial Dignidad, acaba de presentar su informe final, y una de sus recomendaciones es precisamente darle mayor impulso al régimen del Servicio Civil.

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    • Janeyri Boyer

      Coincido contigo, estimado Carlos. Esperamos que no haya retrocesos en una política de Estado tan relevante como ésta, porque si bien es importante que los servidores públicos gocen de plenos derechos, también es necesario velar por la meritocracia en el Estado.

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