La OCDE y la Integridad en el Perú: ¿crimen y castigo o política integral?

Estas semanas  nos han traído bajo el brazo noticias sobre la presencia en el Estado de personas que cuentan con antecedentes por corrupción. Servidores públicos con Juicios pendientes, juicios prescritos, juicios con pena suspendida, o que nunca fueron enjuiciados (aún con altas probabilidades de haber cometido actos de corrupción). La respuesta desde el Estado ha sido seguir agravando las penas y elevando el número de medidas represivas. Pero, ¿realmente es ese el camino?

Uno de los informes más esperados del Programa País es el estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Se refiere al estudio que diagnostica si nuestro sistema de gobernanza pública permite, además de castigar a los responsables, prevenir o “mitigar los riesgos de corrupción”, y proporcionar un entorno estable y de confianza en el servicio público.

Necesitamos una política de integridad que mire más allá del crimen y del castigo.

Esto es: más allá de Leyes que impiden el retorno al Estado a los servidores públicos que fueron condenados por delitos de corrupción o contra la Administración Pública (la famosa “muerte civil” aprobada con Decreto Legislativo 1243); o el retorno a las aulas de los docentes condenados por terrorismo (Ley 29988). Y más allá, de quién sabe cuántas otras medidas represivas que vendrían con la delegación de facultades.

Finalmente, parecieran ser sólo medidas políticas que buscarían dar una señal clara y efectista de que el gobierno está combatiendo la corrupción.

Pero, si a todo ello, añadimos las “n” normas de control que producen constantemente la Contraloría y el Congreso, o las normas disciplinarias, nos encontramos con un “Estado esquizofrénico” con medidas contradictorias y con servidores públicos ubicados entre entre muchos fuegos (sí, es cierto, hay servidores corruptos, pero también, muchos servidores honestos, probos y con auténtica vocación de servicio).

¿No sería mejor transitar hacia una política de integridad que adopte medidas preventivas que complementen lo que ya existe, ordenando un poco la casa en todo lo vigente para perseguir y castigar al servidor público  y dictar las normas o reglas de manera clara y ordenada, diferenciando entre las preventivas y las sancionadoras?.

Necesitamos una política de integridad que mire más allá del crimen y del castigo

Ensayamos algunas ideas fuerza que podrían ayudar en esta agenda clave para la integridad:

1. Medidas preventivas

Mayor formación y capacitación a servidores públicos, especialmente a quienes ocupan cargos de dirección, sobre dilemas éticos y conflictos de interés (no sobre el Código de Ética).

Que todos manejen el mismo idioma, sabiendo cuáles son esos dilemas éticos, cómo afrontarlos, como evitarlos, y cómo combatirlos. Por extraño que suene, muchos directivos no lo saben.

Así por ejemplo, si en agradecimiento por un excelente servicio, un agricultor obsequia a un servidor del MINAGRI una caja de quesos, ¿nos encontramos en un supuesto contrario a la ética pública?, ¿quién decide esto?. ¿Por qué no asignar la responsabilidad a un funcionario de cada institución pública para que pueda orientar sobre qué es y qué no es un conflicto de interés? Y así podríamos mencionar otras más derivadas de la experiencia comparada.

2. Medidas para ordenar la casa

Primero: pensar en la necesidad de una política de Estado (y no en medidas aisladas y hasta contradictorias).

Segundo: Acabar con la coexistencia de dos Tribunales Administrativos con procedimientos diferenciados para sancionar a servidores públicos por las mismas faltas, como ocurre con el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (Contraloría). No hay experiencia comparada que resista esta dualidad.

Tercero: Competencias claramente diferenciadas entre la CAN, SERVIR, Contraloría, y ahora la Comisión de Integridad, presidida por Eduardo Vega.

Será interesante revisar las conclusiones y recomendaciones del informe que la Comisión de Integridad tendrá que evacuar en 45 días, y del Informe que la OCDE viene concluyendo sobre la integridad en el Perú. El desafío será: consensuarlas, alinearlas, construir (a partir de ellas) una política de Estado integral y ejecutarla. Definitivamente, un desafío fascinante para el Centro de Gobierno.

Como fuera, y en términos de lucha contra la corrupción, tenemos que empezar a mirar el bosque y no sólo los árboles que van apareciendo en el camino.

 

3 Responses to “La OCDE y la Integridad en el Perú: ¿crimen y castigo o política integral?”

  1. Magdalena

    Convengamos que no podemos detener la máquina para echarla a andar con todo en su lugar y con los filtros y normas organizadas para evitar, detectar y erradicar la corrupción, pero si es necesario contar con logros específicos a los que apuntar y estos si deben ser esbozados con una visión global. Veremos que nos traen.

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    • Máximo Gallo

      Efectivamente Magdalena, sería peligroso detenerse. Pero de que hay que hacer cambios en las estrategias y enfoques creo que hay coincidencias.

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    • Janeyri Boyer

      De acuerdo en no detenernos. Sin embargo, creo que si bien se han hecho cientos de estudios y varios planes, también es cierto que a veces es importante detenerse a ver un poco el bosque antes de ir a por unos árboles. Una vez visto el bosque, podríamos elegir por cuál de los árboles empezar para como bien dices, mostrar logros y empezar un efecto disuasorio de la comisión de otros actos de corrupción.

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